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Comisaría 13° (ex Comisaría 17°)

 En esta dependencia de la Policía de Rio Negro, fueron encarcelados militantes políticos y sindicales durante 1975, y fue utilizada como centro clandestino de detención en la última dictadura cívico-militar (1976-1983).

 Testimonios incluidos en causas judiciales, en el Archivo Nacional de la Memoria, y en el Archivo Provincial de la Memoria de Río Negro permitieron reconstruir que en noviembre de 1975 trabajadores de HIPASAM (Hierro Patagónico Sociedad Anónima Minera) fueron detenidos y sometidos a torturas en este lugar, durante la represión de la huelga y la toma del yacimiento llevada a cabo por trabajadores de esa empresa en defensa del proyecto de autoabastecimiento siderúrgico regional y de industrialización nacional.

 Los operativos de detención fueron ejecutados por personal del Ejército Argentino, Policía Federal y Policía de la Provincia de Río Negro, quienes también realizaban tareas de inteligencia e interrogatorios bajo tormentos. Tras su paso por esta comisaría, los detenidos luego eran llevados a las unidades penales N° 4 de Villa Floresta, N° 6 de Rawson, N° 7 de Chaco y N° 12 de Viedma.

 A partir del 24 de marzo de 1976, en el marco del plan sistemático de terror y exterminio implementado durante la última dictadura, aquí permanecieron secuestrados militantes políticos y sindicales que, tras ser torturados, fueron trasladados a otros centros de detención clandestina como la Comisaría 1° de Viedma, la Escuela de Cadetes de la Policía de Rio Negro y Base Naval de Puerto Belgrano, entre otros lugares.

 

​  La Comisaría de Sierra Grande operó ilegalmente bajo el mando de la Brigada de Infantería de Montaña VI de laprovincia de Neuquén, subordinada al Comando V Cuerpo Quinto de Ejército, con base en la ciudad de Bahía Blanca.

​ En 2011, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca condenó a algunos de los responsables de estos crímenes, entre ellos al general Néstor Rubén Castelli, primer interventor militar de Rio Negro durante la dictadura; al coronel Raúl Lucio Pedernera, ex jefe de la policía provincial; a Rubén Alcides Codina, Sub Comisario Jefe de la Comisaría de Sierra Grande; y a Víctor Manuel Lobos, Segundo Jefe de la misma comisaría.

 

 La señalización de los sitios de memoria -ley nacional N° 26.691- hace visible la función que cumplieron durante el terrorismo estatal y expresa en el espacio público el compromiso del estado democrático de dar a conocer y condenar éstos crímenes, impulsar el juzgamiento de sus responsables y hacer efectivo el reconocimiento a las víctimas.

 

A 47 AÑOS DEL INICIO DE LA HUELGA Y A 46 AÑOS DEL ÚLTIMO GOLPE CÍVICO MILITAR

LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD NO PRESCRIBEN, POR ESO ESTÁN SIENDO JUZGADOS.

NUNCA MÁS TERRORISMO DE ESTADO

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