Este lugar se ocupaba de la atención médica de los trabajadores y trabajadoras de la mina y de toda la comunidad de Sierra Grande que hasta ese momento no contaba con un hospital propio.

 Entre el 18 y el 26 de noviembre de 1975, fueron detenidas ilegalmente al menos dos trabajadoras de salud durante la represión de la huelga y la toma del yacimiento de hierro.

  La señalización de los sitios de memoria -ley nacional N° 26.691- hace visible la función que cumplieron durante el terrorismo estatal y expresa en el espacio público el compromiso del estado democrático de dar a conocer y condenar éstos crímenes, impulsar el juzgamiento de sus responsables y hacer efectivo el reconocimiento a las víctimas.